Contraloría de Bucaramanga pide derogar emergencia sanitaria declarada sobre el Carrasco

Noviembre 6 de 2013

Por considerar que la nueva declaratoria de “estado de emergencia sanitaria”, para seguir utilizando el Carrasco, atenta contra los derechos de miles de habitantes y pone en peligro a la comunidad en general, la contralora Municipal de Bucaramanga, Magda Milena Amado, le solicitó al Alcalde de Bucaramanga que derogue el decreto mediante el cual extendió el uso del Carrasco, cuyo cierre fue ordenado mediante fallo judicial.
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Vea Control de legalidad Contraloría de Bucaramanga

En ejercicio del control de legalidad que le compete a la Contraloría se dio la revisión del Decreto 0190 del 30 de septiembre de 2013, mediante el cual el Alcalde de Bucaramanga ordenó la prórroga del sitio de disposición final de residuos sólidos, cuyo cierre fue ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander desde el 16 de febrero de 2011.

No obstante esta decisión, el Mandatario de la capital santandereana consideró que existía una “situación de

RIESGO de calamidad pública ambiental y por tercera vez consecutiva se declara la emergencia sanitaria”, sin tener en cuenta la orden judicial y por el contrario, tal como lo ha pregonado de manera insistente la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Bucaramanga, CDMB, se está poniendo en peligro los derechos fundamentales y colectivos de varios barrios.

Para la Contraloría de Bucaramanga el concepto de estado de emergencia es excepcional y este no es el caso del Carrasco, por cuanto el cierre está anunciado desde 2011 cuando se produjo la orden judicial.

Cita el órgano de control además, que “si realmente se quisiese garantizar el derecho a la salud de toda la población de Bucaramanga y demás municipios del área metropolitana se hubiese dado cumplimiento al fallo judicial”.

Y añade que no se justifica que bajo el argumento de protección del interés general se expida un acto administrativo “que en realidad lo que está es enmascarando y ocultando una falta de protección del mismo, en cuanto a que ha existido el tiempo suficiente para buscar solución definitiva al caso concreto, tiempo que no ha sido aprovechado diligentemente”.

Este control de legalidad proferido por la Contraloría de Bucaramanga ratifica los planteamientos que ha hecho la CDMB, en el sentido de que incumplir el fallo judicial por parte del Alcalde de Bucaramanga va en contravía de la seguridad y el derecho al buen ambiente y la salud de los habitantes de los 37 barrios aledaños al Carrasco. Por considerar que la nueva declaratoria de “estado de emergencia sanitaria”, para seguir utilizando el Carrasco, atenta contra los derechos de miles de habitantes y pone en peligro a la comunidad en general, la contralora Municipal de Bucaramanga, Magda Milena Amado, le solicitó al Alcalde de Bucaramanga que derogue el decreto mediante el cual extendió el uso del Carrasco, cuyo cierre fue ordenado mediante fallo judicial. Vea Control de legalidad Contraloría de Bucaramanga En ejercicio del control de legalidad que le compete a la Contraloría se dio la revisión del Decreto 0190 del 30 de septiembre de 2013, mediante el cual el Alcalde de Bucaramanga ordenó la prórroga del sitio de disposición final de residuos sólidos, cuyo cierre fue ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander desde el 16 de febrero de 2011.No obstante esta decisión, el Mandatario de la capital santandereana consideró que existía una “situación de RIESGO de calamidad pública ambiental y por tercera vez consecutiva se declara la emergencia sanitaria”, sin tener en cuenta la orden judicial y por el contrario, tal como lo ha pregonado de manera insistente la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Bucaramanga, CDMB, se está poniendo en peligro los derechos fundamentales y colectivos de varios barrios.Para la Contraloría de Bucaramanga el concepto de estado de emergencia es excepcional y este no es el caso del Carrasco, por cuanto el cierre está anunciado desde 2011 cuando se produjo la orden judicial.Cita el órgano de control además, que “si realmente se quisiese garantizar el derecho a la salud de toda la población de Bucaramanga y demás municipios del área metropolitana se hubiese dado cumplimiento al fallo judicial”.Y añade que no se justifica que bajo el argumento de protección del interés general se expida un acto administrativo “que en realidad lo que está es enmascarando y ocultando una falta de protección del mismo, en cuanto a que ha existido el tiempo suficiente para buscar solución definitiva al caso concreto, tiempo que no ha sido aprovechado diligentemente”.Este control de legalidad proferido por la Contraloría de Bucaramanga ratifica los planteamientos que ha hecho la CDMB, en el sentido de que incumplir el fallo judicial por parte del Alcalde de Bucaramanga va en contravía de la seguridad y el derecho al buen ambiente y la salud de los habitantes de los 37 barrios aledaños al Carrasco.

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